La primera teniente de alcalde de Sant Antoni y concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, consideró este miércoles que la reunión celebrada entre patronales y ciudadanos para abordar el problema del óxido nitroso, conocido popularmente como ‘gas de la risa’, es «positiva» puesto que es importante que también ellos reclamen soluciones a la Delegación del Gobierno, tal como ha hecho el Ayuntamiento en numerosas ocasiones. «Nos parece positivo porque así nos ayudan en las peticiones que siempre hacemos en las Juntas Locales de Seguridad: la colaboración para luchar con mayor contundencia contra el gas de la risa», señaló.
Lejos de tomarlo como una crítica, desde el equipo de gobierno municipal señalaron que se demuestra que todos trabajan «con un mismo objetivo», que no es otro más que mejorar la convivencia y la seguridad y proteger a los menores.
Además, Mateu recordó que Sant Antoni ha sido pionero al licitar la gestión de los residuos que provoca el consumo del óxido nitroso destinando 100.000 euros a estos trabajos.
«Ver que el Gobierno no nos está ayudando a mejorar nada, es muy triste. Debe haber un cambio de ley porque, de lo contrario, es imposible acabar con este problema. La Policía realiza detenciones, pero a las 48 horas el detenido vuelve a estar en la calle. Siempre estamos con este problema y, por ello, es positivo que haya más reclamaciones en el mismo sentido que la nuestra», insistió.
Mateu avanzó que ya se han reunido con el senador Miguel Jerez quien planteará próximamente en la Cámara esta propuesta para cambiar la ley «porque las sanciones administrativas ya se están aplicando y no sirven».
«La coordinación a nivel operativo entre la Policía Local y la Guardia Civil es muy buena», aclaró también.
Según se supo esta semana, representantes de diferentes sectores trasladaron a Raquel Guasch, directora insular de la Administración General del Estado, su preocupación por este fenómeno reclamando una mayor coordinación e implicación policial para hacer frente al consumo recreativo del óxido nitroso.
Las entidades consideraron que «el problema va más allá del ámbito del ocio y tiene repercusiones sobre la convivencia vecinal, la protección de menores y adolescentes, la limpieza de los espacios públicos, la gestión de residuos, la seguridad y la imagen turística de Ibiza».
